La Prefecta Johana Núñez convocó a representantes del gremio de transportación y asambleístas de la provincia, para darles a conocer la situación jurídica en la que se encuentra el proyecto de ampliación de la vía Alóag-Santo Domingo, tramo Unión del Toachi-Santo Domingo, que es competencia del Gobierno Provincial.
En la reunión de trabajo, realizada la tarde de este jueves 9 de noviembre, la autoridad, en compañía del equipo técnico y jurídico de la Prefectura, invitó a las autoridades y dirigentes de la Cámara de Transporte Pesado, Unión de Transporte Interparroquial, Sindicato de Choferes, a unirse para trabajar en conjunto por nuestra provincia.
En su exposición, el asesor jurídico, William López, detalló que el problema legal de la vía se origina en la anterior administración, tras el inicio del proceso de licitación pública para la ampliación a cuatro carriles del tramo Unión del Toachi-KFC, siendo adjudicado al Consorcio Multinacional Tsáchila, en primera instancia; y luego, a la Compañía Hidalgo e Hidalgo, una vez dado por terminado unilateralmente el primer contrato.
Esto derivó a que cada una de las partes interponga una acción de protección, imposibilitando legalmente al Gobierno Provincial la ejecución de esta importante obra para la provincia y el Ecuador entero, considerando que ambas tienen sentencia a su favor.
“Es inaudito que por una decisión judicial existan dos contratos vigentes sobre el mismo objeto contractual, si el valor a pagarse es único”, sostuvo López, señalando que la Prefectura, en su debido momento, solicitó a instancias superiores la revisión de estos fallos para que dirima y “nos diga cuál es la sentencia que debe cumplirse”.
Ante esta situación, la Prefecta dijo que el único objetivo planteado por ahora “es que el año que viene esto ya tenga una contratación. No importa quién gane legalmente, pero que se haga la obra”, porque existen los recursos suficientes para dar inicio a la misma.
Para ello, en las próximas horas, se convocará a los alcaldes de Santo Domingo, La Concordia, asambleístas y representantes de todas las ramas de la transportación, para que sumen a los pedidos que se realizarán, a fin de agilitar los procesos judiciales pendientes.