Los prefectos y prefectas del país, en sesión extraordinaria realizada este miércoles 2 de diciembre en Quito, se reunieron para analizar y tomar acciones frente a la situación económica de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y la pretensión del Ministerio de Finanzas de reducirles el presupuesto.
La Prefecta Johana Núñez expresó su preocupación por el maltrato que está recibiendo el sector rural de cada una de las provincias, por lo que mocionó que “el Ministerio de Finanzas asuma la deuda que tiene pendiente con los gobiernos provinciales”, solicitando, además, que “se derogue la metodología de cálculo, con la cual nos están perjudicando a todas las prefecturas”.
Asimismo, recordó que hace pocos días, en una reunión virtual, se solicitó fecha y hora a esta Cartera de Estado para trabajar en una mesa técnica de manera conjunta con todas las prefecturas del país y lograr acuerdos que beneficien a todos.
“Estamos más unidos que nunca. No vamos a permitir que se nos siga perjudicando, porque quienes sufren las consecuencias son los ciudadanos y ciudadanas del sector rural”, enfatizó la autoridad.
Asimismo, dejó en claro no estar de acuerdo con más Fondos de Inversión para Gobiernos Autónomos Descentralizados (FINGAD), que desde el 2017 le viene adeudando el recurso que por ley le corresponde a cada una de las prefecturas.
Solo en el caso de Santo Domingo de los Tsáchilas, por ejemplo, la deuda por este concepto es de 1’545.878,26, mientras que la asignación de recursos pendiente por Modelo de Equidad Territorial (MET) es 8’994.158,26. A esto hay que sumarle la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que supera los 2 millones de dólares.
“No queremos más FINGAD. Queremos un compromiso serio, un compromiso responsable por parte del Gobierno con cada una de las provincias”, concluyó la Prefecta.
EL DATO
Un total de 772’541.154 de dólares es la deuda del Gobierno con las prefecturas del país.